Moción sobre el medicamentazo del Partido Popular.
El Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y demás
normativa de general aplicación, al Ayuntamiento Pleno para su debate y votación presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española.
El modelo de sanidad creado a partir de entonces, ha basado su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado.
Una llave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado, que ha permitido a las comunidades autónomas desarrollar servicios regionales de salud que
han dado respuesta de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población.
El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente calificados y sin su implicación e involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible conseguir los niveles de calidad conseguidos en la Sanidad durante estos años.
Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal un espacio de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades sanitarias en actividades e iniciativas de diversa índole que van desde la
construcción y mantenimiento de centros sanitarios, a la colaboración en programas preventivos, asistenciales o de promoción de la salud.
Esta cooperación, desde los municipios, forma parte también de los elementos que han permitido avanzar en relación a la salud de los ciudadanos.
Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a sus necesidades sociosanitarias; de hecho, la sanidad pública ha sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la ciudadanía.
La caída de ingresos en todas las administraciones, a causa de la crisis económica, ha condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública.
Entre 2010 y 2011, El Gobierno socialista adoptó, junto a las comunidades autónomas, un paquete de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaran ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía.
Fueron medidas de control de los gastos farmacéuticos, medidas de gestión centralizada de compras, medidas de coordinación institucional y otros que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad.
No obstante, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como problema que preocupa a la ciudadanía.
El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud, que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la
universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento atado a la seguridad social. Un modelo en que quien no esté incluido, deberá demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de
asegurado.
La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia.
Esta modificación retrotrae el sistema sanitario a un modelo de aseguramiento semejante al vigente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986. Se vuelve a una situación semejante al sistema insolidario que existía en España en los años 70.
Junto a eso, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias, abre la lleva al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no hacía falta pagar.
Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar un 10% por los medicamentos que necesitan y las personas en activo pagaran también, por lo menos, un 25% más que ahora, pasando del 40% al 50% del precio.
Muchos ciudadanos que hasta ahora no debían pagar por el transporte sanitario no urgente, ahora deberán pagarlo.
Y así, se abre la lleva a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2002 lo que supone un auténtico “Decretazo” aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso.
Asimismo, el Gobierno Valenciano, después de la reunión del Consejo del 27 de abril de 2012, anunció la posibilidad de la privatización de la gestión de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, lo cual es un cambio de modelo de nuestra
Sanidad y por lo tanto con graves repercusiónes, tanto sobre los trabajadores como sobre los ciudadanos, como usuarios del Sistema Sanitario Público; modelo que hasta ahora era universal y equitativo.
El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar retales en las prestaciones, sin menguar la calidad y sin implantar el copago sanitario.
Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la la equidad y la cohesión Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, se propone Al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Solicitar la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
2. Instar al Gobierno a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios por conseguir un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986.
3. Derogar las medidas adoptadas en la reunión del Pleno de Consell del pasado 27 de abril de 2012, sobre la posibilidad de privatizar la gestión de los centros sanitarios públicos de nuestra Comunidad.
4. Instar al gobierno local del partido popular, para que luche por los derechos de los santapoleros, y exija a la Consellería de Sanidad que instale un centro médico en Gran Alacant que es necesario y urgente, y también servicio de urgencias en la misma zona.
Santa Pola, a 13 de julio de 2012.