Moción para la expropiación a los bancos el uso de las viviendas
16.04.2013 19:54
El Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Santa POla, al Ayuntamiento Pleno para su debate y votación presenta la siguiente Propuesta de Resolución, de conformidad con la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y demás normativa de general aplicación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
El artículo 47 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho……”
Vemos como en nuestro país, cientos de miles de familias son despojadas de su vivienda por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria que ha traído, como consecuencia, la pérdida de empleo, que ya alcanza a cerca de seis millones de personas, y sabemos que mientras existen medidas para el rescate de las entidades de crédito, apenas se han puesto en marcha, desde el gobierno central, medidas que vayan dirigidas al rescate efectivo de las personas.
La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y, además, una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está ocurriendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de tasación.
El fin de la burbuja inmobiliaria provocó, solo durante el año 2012, que la banca se quedara con 30.034 primeras viviendas por impago de los créditos, una media de 115 desahucios por día hábil o, lo que es lo mismo, uno cada 15 minutos, según un estudio del Colegio de Registradores de España dado a conocer recientemente. El número de viviendas de primera y segunda residencia, que se quedaron los bancos el año pasado, asciende a 38.778, siendo la Comunidad Valenciana con 7.018 una de las regiones que registran más adjudicaciones según el mismo informe. Y por último, el informe también indica que en 2012 se iniciaron 65.778 procesos de ejecución hipotecaria. No tiene sentido que los bancos acumulen miles de viviendas vacías mientras miles de familias se quedan en la calle. Y, es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias, sin tener que asumir ninguna responsabilidad.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado 14 de marzo, pone en evidencia la necesidad de una actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a salvaguarda de los derechos fundamentales que van ligados con el uso y disfrute de la vivienda habitual.
Consideramos que la Generalitat Valenciana debe velar para que en nuestra Comunidad se haga efectivo el cumplimiento de la función social de la vivienda, recogido en los Tratados Internacionales y en la Constitución Española, y para que deje de crecer el parque de viviendas vacías, a costa de quienes pierden sus viviendas en manos de los bancos. Se hace necesario que, de manera urgente, se habiliten normas esenciales para movilizar el parque de viviendas deshabitadas existentes en nuestra Comunidad, y se potencie el acceso a la vivienda desde el arrendamiento a los afectados por desahucios, provenientes de ejecuciones hipotecarias.
En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, al Ayuntamiento Pleno propone la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
1º) Instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana la elaboración y aprobación de normas esenciales que aseguren el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en nuestra Comunidad, y que posibiliten a la administración autonómica para:
a) Expropiar temporalmente a los bancos, el uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio a familias que estén en riesgo de exclusión social o, extrema necesidad, para que puedan seguir ocupando su vivienda temporalmente mediante un arrendamiento adecuado.
b) El fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
2º) Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Generalitat Valenciana y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes Valencianas
No obstante, el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio decidirá.
Santa Pola, a 15 de abril de 2013.